El PP de Rajoy ha tomado la bandera de la austeridad como base de su programa electoral
La crisis económica ha conseguido lo que la mayoría de los españoles llevaban años demandando, lo que la mayor parte de la clase política obviaba y lo que los preocupados por el futuro de este país no se cansaban de advertir: la necesidad de que España se replantee su modelo autonómico para evitar la duplicidad de competencias, con el consiguiente descontrol de altos cargos, oficinas y funcionarios. En resumen, gasto y más gasto superfluo para desempeñar las mismas funciones y ofrecer servicios idénticos a los ciudadanos.
Era de sentido común que el modelo de café para todos desarrollado a partir de la Constitución de 1978 nos había llevado hasta un sistema que no podría mantenerse en pie por mucho tiempo. Para muchos constitucionalistas, porque el rebasamiento de hecho del sistema federal de gobierno estaba poniendo en peligro la unidad de la nación; para demasiados economistas, porque la falta de unidad del mercado se estaba convirtiendo en una rémora para el crecimiento económico; para la gente de la calle, porque nadie puede comprender que cuando acudes a un centro de salud en tu lugar de veraneo te traten como «desplazado» porque careces de la tarjeta sanitaria de esa comunidad, o que un peligroso delincuente escape de la Justicia mudándose a otra parte porque los sistemas informáticos de sus juzgados son incompatibles.
Y, para colmo, el despilfarro. Los coches oficiales, las visas oro, los teléfonos móviles de última generación, los gastos desmesurados en publicidad por parte de los altos cargos, especialmente de los autonómicos, fueron tolerados en la época dorada de nuestro crecimiento económico, cuando este era el país del mundo —como tan gráficamente dijo aquel ministro socialista de Economía— donde era más fácil que cualquiera pudiera convertirse en rico más rápidamente. De vez en cuando saltaba algún escándalo a los medios de comunicación, casi siempre protagonizado por algún político de izquierdas bruscamente aficionado a las grandes mariscadas, el avión oficial, los áticos como escenario imprescindible para el veraneo o las hípicas para fomentar la afición de sus hijos al caballo.
A la segunda división
El último Estatuto de Cataluña y la llegada de la crisis que hizo bajar a España a la segunda división económica —hechos ambos acaecidos casi simultáneamente y, no por casualidad, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero— resultaron ser los detonantes de que se encendieran las alarmas por los excesos en el desarrollo del modelo autonómico. Para los preocupados por el futuro de España, por lo que representó abrir en canal un debate sobre el concepto de Nación para dar gusto a los nacionalistas más extremos; para los españoles de a pie, porque cuando a uno le rebajan el sueldo si es que tiene la suerte de librarse del paro, empieza a fastidiar ver a los concejales circulando en coches de lujo con chófer por las avenidas de su ciudad, o a los consejeros autonómicos entrando en restaurantes en los que la factura de un almuerzo supera al presupuesto familiar de un mes para el «súper».
Si el refrán de que no hay mal que por bien no venga no existiera, habría que inventarlo para explicar cómo la crisis económica está poniendo fin a esos excesos. La clase política ha comprendido, al fin, que el electorado no tolera más despilfarro oficial. Y en particular el PP ha tomado la bandera de la austeridad como base de su programa, adoptando una serie de medidas en comunidades y ayuntamientos donde gobierna que sirva como señuelo de lo que pretende hacer si Rajoy ocupa La Moncloa. De tal forma que su vicesecretaría de Política Autonómica y Local, que preside Javier Arenas, autora de todos estos documentos, ha establecido un sistema de seguimiento para llamar la atención de cualquiera de sus gobiernos autonómicos o municipales que se salte alguna de estas directrices.
A dos velas
No parece que vayan a necesitarlo. Quizás no tanto porque no haya algún alcalde por ahí que aún se compre un coche de dimensiones innecesarias, sino porque comunidades y ayuntamientos están a dos velas por la caída de a recaudación del IVA en el primer caso y de las licencias urbanísticas en el segundo. O, como dijo gráficamente hace poco en uno de esos momentos en los que se le queda el micrófono abierto la presidente madrileña, Esperanza Aguirre, «no tenemos ni un p... duro».
En Aranjuez no hay para regar jardines, en Coín han cortado la luz al Ayuntamiento, en Castilla-La Mancha se cifran en 3.700 el número de teléfonos móviles oficiales… No hay día sin noticia de este tipo, detrás de la cual en la sede central del PP, donde cada semana se reunen un par de grupos de consejeros y alcaldes a estudiar sus respectivas situaciones de ruina por sectores, se buscan medidas para coordinar políticas e intercambiar ideas. Dicen que más que reuniones son terapias de grupo donde se escuchan lamentos. Pero si de todo ello se obtiene un mejor sistema de gestión de recursos públicos y un adelgazamiento de los excesos de nuestro sistema autonómico, el resultado será para celebrar.
http://www.abc.es/20110725/espana/abcp-crisis-adelgaza-derroche-autonomico-20110725.html
